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Uno de los cerebros de la ley que regula el mercado de la marihuana explica la iniciativa.
Como secretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, el sociólogo Julio Calzada, de 57 años y con tres hijos adolescentes, ha sido clave para la redacción de la ley que regula el mercado de la marihuana en su país.
La comisión que lidera ?conformada por representantes de alto nivel de nueve ministerios? se dedicó desde el 2011 a investigar el consumo de drogas en Uruguay y la violencia asociada al narcotráfico. Visitaron distintos países ?entre ellos Colombia?, se reunieron con expertos y, finalmente, diseñaron un paquete de 15 medidas para paliar el problema. (Lea también: Abecé de la marihuana en Uruguay).
La número 15 fue la polémica regulación del mercado del cannabis, aprobada esta semana en el parlamento, y que convierte a ese país en el primero del mundo en permitir el cultivo y la distribución de la hierba. EL TIEMPO habló con Calzada, quien estuvo en Bogotá en la reunión de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad).
¿Cómo se gestó la regulación del mercado de la marihuana?
Básicamente porque detectamos un aumento inédito de la criminalidad asociada al narcotráfico, con fenómenos como el sicariato y los ajustes de cuentas. La tasa de muertes violentas en Uruguay pasó de 5 por cada 100.00 habitantes en el 2010 a 7, en el 2012. Esta cifra puede parecer irrisoria en un país como Colombia, pero en Uruguay supone un aumento del 30 por ciento. Además, aparte del problema de orden público, había una incongruencia jurídica: la ley uruguaya permitía desde los años 70 consumir marihuana, pero no comprarla ni producirla. Eso es como decir: puedes hacer lo que quieras, pero no puedes hacer lo que tienes que hacer para hacer lo que quieras.
¿Es la regulación una respuesta a lo que muchos han llamado el fracaso de la lucha contra las drogas?
Hay muchos indicadores que dicen que nuestras fuerzas de control han sido efectivas: fortalecimos nuestra Policía, mejoramos los controles aduaneros, aumentamos las incautaciones, reforzamos las leyes contra el lavado. Todos estos avances han dado buenos resultados, pero no los deseables. Lo que hemos hecho es generar otra herramienta que golpea el negocio desde el punto de vista económico; su única razón de ser.
¿Cuánto mueve este negocio en Uruguay hoy?
Entre 30 y 40 millones de dólares al año, una suma que termina en las manos de las organizaciones criminales y que alimenta otro tipo de actividades ilegales, como el tráfico de armas, la trata de personas, el lavado de dinero y la corrupción.
Los opositores afirman, sin embargo, que con esta ley se ?claudicó? ante los narcos... Sí, y otros, que son más directos, hablan de una claudicación moral. A nosotros nos parece que seguir haciendo lo mismo que hemos venido haciendo durante décadas y pretender obtener un resultado diferente es una claudicación intelectual. Políticos de la estatura de César Gaviria han logrado dar un salto y ver la inmensa dimensión política que tiene este fenómeno, dejando de lado sus convicciones morales. Esa es la clave.
Pero los temores no son solo de sus opositores políticos; más del 60 por ciento de la población se opone a la ley...
Uno puede diseñar políticas sobre la base de la investigación, de las ideas y de los principios, o puede hacerlo auscultando la opinión. Lo segundo es peligroso, porque la opinión es muy variable y maleable. Cualquier sociedad podría decretar la pena de muerte al calor de un crimen atroz si no existiera la reflexión y la mediación del sistema político. Además, en materia de drogas, la opinión pública lleva 100 años acosada por el miedo.
Hay estudios que señalan que con normativas como la regulación disminuye la percepción de riesgo frente a la droga y esto aumenta el consumo...
La ley pretende reducir el consumo, no ampliarlo. Pero tiene razón: puede ocurrir que disminuya la percepción de riesgo. Por eso duplicaremos nuestros esfuerzos en prevención. Hace unos días iniciamos una campaña con el lema ?Todas las drogas tienen riesgos?. Porque también hemos llegado a la conclusión de que la percepción del riesgo no se reduce diciendo ?No lo hagas? o ?La droga mata?. De otro lado, los estudios también dicen que si se logra mantener estable la oferta se diminuye el consumo. Con este modelo cerrado, en el que vamos a tener un máximo de 700 expendios, controlaremos el volumen, una obsesión de esta ley.
¿El hecho de que se venda en farmacias no le da una connotación de medicina a una sustancia nociva?
Partiendo de la evidencia fáctica de que si la persona no tiene un producto de calidad que puede comprar en un lugar seguro, como una farmacia, va a ir a comprar algo que puede hacerle aún más daño en un sitio ilegal e inseguro, preferimos lo primero. Esto no es muy distinto a lo que ocurre en Europa, donde a las personas que se inyectan heroína les dan jeringa para minimizar los riesgos.
¿Qué otros riesgos tiene la nueva ley, que el mismo presidente Mujica ha calificado de ?experimento??
Más que de riesgos hablamos de precauciones. Tenemos que vigilar muy bien, por ejemplo, los mecanismos de control para evitar que los productores y consumidores utilicen excedentes para comerciar en el mercado negro, o que la marihuana del mercado legal termine en países fronterizos como Argentina o Brasil. Pero aun con todos los talones de Aquiles que tiene la ley, estamos convencidos de que no generará más daño que el modelo vigente. Sepa que en el 2011 hubo 82 muertes vinculadas al tráfico de drogas y ni una sola por consumo de cannabis.
Muchos temen también que Uruguay se convierta en un país de ?turismo canábico?, como ocurrió en Holanda...
Para eso está el registro de consumidores, que cobija solo a los uruguayos y a los residentes legales. El modelo de Holanda tiene dos problemas: el primero es que solo reguló el expendio y no la producción, lo que quiere decir que la droga que se vende legalmente proviene de un mercado ilegal. Y el segundo es que no reguló quiénes pueden acceder a la droga. No seremos la Holanda de Suramérica.
¿Es la medida una puerta para que se regulen otros mercados como el de la cocaína en el futuro?
Eso no está en el debate académico ni político hoy; nadie lo plantea. No obstante, nuestra visión es que las drogas en la cultura del siglo XXI son productos de consumo no ordinario, como el tabaco y el alcohol, y tienen que estar reguladas en función de los riesgos y de los daños que provocan, como hicimos con el tabaco.