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FAC Federacion de Asociaciones Cannabicas
os dejo el enlace en cuestion
http://www.fac.cc/formularios/mails/
Ante la oposición mostrada por los grupos parlamentarios PSOE y PNV a la derogación/modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Corcuera, se ha decidido enviar por correo electrónico el siguiente texto de protesta por a 2 de sus diputados para mostrar nuestro desacuerdo con tal medida.
Si crees que nuestras solicitudes no deben pasarse por alto apóyanos rellenando el formulario.
El texto que se envía es el siguiente:
Sr./sra. Portavoz:
El pasado día 20 de noviembre su grupo votó en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados en contra de una proposición no de ley presentada por el grupo IU/ICV a fin de modificar la Ley Orgánica 1/1992 para la Protección de la Seguridad Ciudadana, en el sentido de eliminar las actuales sanciones contra la tenencia y consumo de drogas ilícitas en lugares públicos.
Quiero expresarle mi disgusto y decepción por esa decisión, que contribuye a perpetuar unas sanciones abusivas que castigan actividades que en absoluto ponen en peligro la seguridad ciudadana. Desde que entró en vigor esta norma hace 15 años, muchos cientos de miles de personas han sido cacheadas, y sus pertenencias y vehículos registrados por la sospecha de una simple infracción administrativa. De esta manera, se trata como delincuentes a personas adultas que no están causando daño a nadie, como no fuera, en todo caso, a sí mismos, cuestión esta que nada tiene que ver con la supuesta protección de la seguridad del resto de ciudadanos. La llamada seguridad ciudadana, que invoca la citada ley, no es sino un pretexto para poder aplicar medidas que, en un sistema jurídico garantista, deberían ser excepcionales y limitadas a la persecución de delitos de cierta gravedad, cosa que no sucede en la actualidad.
En efecto, la conocida como Ley Corcuera no ha servido para frenar el incremento del consumo de sustancias ilegales, y sí para estigmatizar y castigar a personas normales cuya única culpa es consumir sustancias psicoactivas diferentes a las aceptadas por la moral dominante. En este sentido, la Ley de Seguridad Ciudadana es heredera directa de la Ley de Vagos y Maleantes de 1933 y de la Ley de Peligrosidad Social de 1970, con la salvedad de que la mayoría de colectivos perseguidos en aquellas leyes represivas han logrado finalmente ser aceptados, o al menos han dejado de sufrir persecución directa, mientras que quienes consumen drogas prohibidas siguen proscritos y obligados a la clandestinidad. Y ello a pesar de ser un sector importante de la sociedad, presente en todas las edades, profesiones y niveles económicos, ya que, como sabemos gracias a las encuestas del Plan Nacional sobre Drogas, el consumo de cannabis no está en absoluto asociado ni a la marginalidad ni a la delincuencia.
El debate parlamentario de la proposición no de ley demostró que persiste un nefasto consenso político en materia de drogas, basado en prejuicios e inercias, falto de un mínimo conocimiento de la realidad social de este fenómeno, y absolutamente sordo a las voces, muchas de ellas nada sospechosas, que abogan por revisar las políticas actuales sobre drogas a la vista de los escasos resultados obtenidos hasta el momento. El Parlamento Europeo, en su Recomendación al Consejo y al Consejo Europeo sobre la estrategia europea en materia de lucha contra la droga (2005 - 2012) (2004/2221(INI)), ya reconoció explícitamente hace tres años que las actuales políticas europeas sobre drogas han fracasado y que es necesario tomar en cuenta esta realidad. No tiene sentido seguir adelante con políticas obsoletas e ineficaces, que acaban creando más daños de los que pretenden evitar.
Con su voto negativo, su grupo ha contribuido a que prosiga una persecución injusta e inútil, ya que la represión del consumo ha demostrado no servir para reducirlo, y menos aún para disminuir los riesgos y daños asociados con el mismo. En estos momentos, la Ley de Seguridad Ciudadana no es más que un impuesto punitivo que se recauda en base a criterios morales. Considero especialmente indignante que esta norma, cuya aplicación es con frecuencia abusiva, vaya a seguir en vigor gracias al voto de grupos que en 1999, cuando el número de sancionados era mucho menor, tenían clara la necesidad de modificar esta norma.
Espero que, en futuros debates, su grupo tenga en cuenta lo aquí expuesto y sepa tomar en consideración las justas demandas de un sector social silenciado e injustamente perseguido, antes de seguir con esta insensata huída hacia delante a la que nos conduce la actual política prohibicionista de drogas.
Atentamente
Si crees que nuestras solicitudes no deben pasarse por alto apóyanos rellenando el formulario.
El texto que se envía es el siguiente:
Sr./sra. Portavoz:
El pasado día 20 de noviembre su grupo votó en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados en contra de una proposición no de ley presentada por el grupo IU/ICV a fin de modificar la Ley Orgánica 1/1992 para la Protección de la Seguridad Ciudadana, en el sentido de eliminar las actuales sanciones contra la tenencia y consumo de drogas ilícitas en lugares públicos.
Quiero expresarle mi disgusto y decepción por esa decisión, que contribuye a perpetuar unas sanciones abusivas que castigan actividades que en absoluto ponen en peligro la seguridad ciudadana. Desde que entró en vigor esta norma hace 15 años, muchos cientos de miles de personas han sido cacheadas, y sus pertenencias y vehículos registrados por la sospecha de una simple infracción administrativa. De esta manera, se trata como delincuentes a personas adultas que no están causando daño a nadie, como no fuera, en todo caso, a sí mismos, cuestión esta que nada tiene que ver con la supuesta protección de la seguridad del resto de ciudadanos. La llamada seguridad ciudadana, que invoca la citada ley, no es sino un pretexto para poder aplicar medidas que, en un sistema jurídico garantista, deberían ser excepcionales y limitadas a la persecución de delitos de cierta gravedad, cosa que no sucede en la actualidad.
En efecto, la conocida como Ley Corcuera no ha servido para frenar el incremento del consumo de sustancias ilegales, y sí para estigmatizar y castigar a personas normales cuya única culpa es consumir sustancias psicoactivas diferentes a las aceptadas por la moral dominante. En este sentido, la Ley de Seguridad Ciudadana es heredera directa de la Ley de Vagos y Maleantes de 1933 y de la Ley de Peligrosidad Social de 1970, con la salvedad de que la mayoría de colectivos perseguidos en aquellas leyes represivas han logrado finalmente ser aceptados, o al menos han dejado de sufrir persecución directa, mientras que quienes consumen drogas prohibidas siguen proscritos y obligados a la clandestinidad. Y ello a pesar de ser un sector importante de la sociedad, presente en todas las edades, profesiones y niveles económicos, ya que, como sabemos gracias a las encuestas del Plan Nacional sobre Drogas, el consumo de cannabis no está en absoluto asociado ni a la marginalidad ni a la delincuencia.
El debate parlamentario de la proposición no de ley demostró que persiste un nefasto consenso político en materia de drogas, basado en prejuicios e inercias, falto de un mínimo conocimiento de la realidad social de este fenómeno, y absolutamente sordo a las voces, muchas de ellas nada sospechosas, que abogan por revisar las políticas actuales sobre drogas a la vista de los escasos resultados obtenidos hasta el momento. El Parlamento Europeo, en su Recomendación al Consejo y al Consejo Europeo sobre la estrategia europea en materia de lucha contra la droga (2005 - 2012) (2004/2221(INI)), ya reconoció explícitamente hace tres años que las actuales políticas europeas sobre drogas han fracasado y que es necesario tomar en cuenta esta realidad. No tiene sentido seguir adelante con políticas obsoletas e ineficaces, que acaban creando más daños de los que pretenden evitar.
Con su voto negativo, su grupo ha contribuido a que prosiga una persecución injusta e inútil, ya que la represión del consumo ha demostrado no servir para reducirlo, y menos aún para disminuir los riesgos y daños asociados con el mismo. En estos momentos, la Ley de Seguridad Ciudadana no es más que un impuesto punitivo que se recauda en base a criterios morales. Considero especialmente indignante que esta norma, cuya aplicación es con frecuencia abusiva, vaya a seguir en vigor gracias al voto de grupos que en 1999, cuando el número de sancionados era mucho menor, tenían clara la necesidad de modificar esta norma.
Espero que, en futuros debates, su grupo tenga en cuenta lo aquí expuesto y sepa tomar en consideración las justas demandas de un sector social silenciado e injustamente perseguido, antes de seguir con esta insensata huída hacia delante a la que nos conduce la actual política prohibicionista de drogas.
Atentamente
http://www.fac.cc/formularios/mails/
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